La Calzada de Tlalpan es una de las vías más emblemáticas y antiguas de la Ciudad de México. Desde tiempos prehispánicos ha sido un eje clave de conexión hacia el sur de la ciudad, y con el paso del tiempo se consolidó como una de sus principales arterias de movilidad. En la década de los 60, su transformación para integrar la Línea 2 del Metro marcó un antes y un después. Sin embargo, este cambio también generó nuevas barreras para los traslados a pie y en bicicleta: la eliminación de cruces a nivel y la construcción de puentes peatonales priorizaron la velocidad vehicular sobre la accesibilidad y la seguridad de las personas.

Hoy, con la implementación de la ciclovía en Calzada de Tlalpan, se abre una oportunidad clave para corregir parte de estas condiciones y avanzar hacia una movilidad más segura y equitativa. Se trata de un proyecto estratégico: uno de los corredores más largos y relevantes para la movilidad ciclista en la ciudad, con el potencial de conectar el centro con el sur de forma sustentable.

No obstante, para que esta infraestructura cumpla con su objetivo, es indispensable atender algunos retos en su diseño y operación.

En la mayor parte del corredor, la ciclovía cuenta con segregación física mediante guarniciones y jardineras, lo que ayuda a evitar la invasión por vehículos motorizados. Sin embargo, esta misma infraestructura puede dificultar la entrada y salida de personas ciclistas ante obstáculos o encharcamientos. En otros tramos, el uso de confinadores prefabricados ofrece una solución más flexible. Aún así, persisten segmentos donde la ciclovía no cuenta con ningún tipo de segregación física, lo que representa un riesgo importante considerando las altas velocidades y volúmenes de tráfico. Garantizar un confinamiento continuo y seguro en todo el corredor es una condición básica para su correcto funcionamiento.

La ciclovía de Paseo Montejo se ha convertido en un elemento clave para mejorar la movilidad y la seguridad vial en Mérida. Su renovación en 2021 permitió redistribuir el espacio para incluir infraestructura ciclista segura, mejorar las condiciones para personas peatonas y mantener la operación vehicular, sin reducir carriles de circulación ni espacios de estacionamiento.

Este rediseño posicionó a Paseo Montejo como un referente nacional de calle completa, es decir, una vía diseñada para que todas las personas —peatonas, ciclistas y usuarias del transporte público— puedan desplazarse de forma segura y eficiente. En 2023, este proyecto fue reconocido por Mejores Calles para México como un ejemplo destacado de implementación de calles completas en el país.

Aactualmente, la ciclovía responde a una necesidad real de movilidad. En Mérida, 27.4% de las viviendas cuentan con bicicleta como medio principal de transporte, y los conteos ciclistas muestran que Paseo Montejo registra el mayor número de personas usuarias de bicicleta en la ciudad. Esto refleja la importancia de contar con infraestructura segura que permita a más personas desplazarse de manera cómoda y segura.

En México, la información sobre tránsito y seguridad vial se encuentra dispersa en múltiples sistemas administrados por distintas instituciones y niveles de gobierno. Los datos sobre licencias de conducir, infracciones, placas e información de los vehículos se registran en bases de datos federales, estatales y municipales que, en muchos casos, no están conectadas entre sí.

Esta fragmentación genera un problema importante para la aplicación efectiva de las normas de tránsito. Por ejemplo, cuando un vehículo con placas de un estado comete una infracción en otro, muchas veces no existe seguimiento ni consecuencia debido a que los sistemas de información no pueden intercambiar datos.

La falta de interoperabilidad entre estas bases limita la capacidad de identificar personas conductoras reincidentes, detectar factores de riesgo y aplicar los reglamentos de tránsito en todo el país. También dificulta el cumplimiento de medidas clave de seguridad vial, como los límites de velocidad, y reduce la capacidad de las autoridades para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México) presentamos los resultados del Monitor Ciclociudades 2025, una herramienta única en América Latina que analiza el avance de la movilidad ciclista en 48 ciudades de la región. Esta edición evalúa infraestructura ciclista, seguridad vial, políticas públicas y participación ciudadana, a partir de indicadores técnicos, encuestas a personas ciclistas y cuestionarios a colectivos de la sociedad civil.

Tras más de 10 años de la iniciativa Ciclociudades, el Monitor 2025 marca un hito al incorporar, por primera vez, ciudades de América Latina que pueden ser comparables entre sí, e incorporan la participación ciudadana gracias a la colaboración con colectivos ciclistas.

México se encuentra rezagado frente a Estados Unidos y Canadá en materia de eficiencia vehicular, con mayores consumos de gasolina y márgenes de flexibilidad excesivos.

Ante este contexto, el ITDP México, El Poder del Consumidor y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), hacemos un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que la próxima actualización de la NOM-163, que regula las emisiones de CO₂ y la eficiencia energética de los vehículos ligeros, se diseñe con la máxima ambición climática y en estricto apego al interés público.

Una norma ambiciosa es fundamental no solo para que México cumpla sus compromisos internacionales de mitigación de emisiones, sino también para garantizar justicia social y seguridad energética. Hogares de menores ingresos son los más afectados por el gasto en combustibles y la mala calidad del aire. Mejorar la eficiencia de la flota vehicular reduce costos, protege la salud y disminuye la dependencia del país frente a los mercados internacionales de energía.

Nuestra propuesta incluye:

• Establecer metas alineadas con el Pacto de Glasgow y la electrificación proyectada a 2030 y 2035

• Eliminar flexibilidades y créditos vacíos que no se traducen en reducciones reales de CO₂

• Garantizar transparencia y trazabilidad mediante criterios de datos abiertos