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La jerarquía de la movilidad urbana prioriza los modos de transporte que promueven equidad, el beneficio social y dañan menos al medio ambiente. Como muestra la gráfica, el orden debe dar prioridad a personas a pie y en silla de ruedas, especialmente a personas con discapacidad, adultas mayores, infancias y sus cuidadoras; después a ciclistas, seguido de personas usuarias de transporte público, transporte de carga y, al final, el automóvil y motocicletas.
El derecho a moverse por la ciudad es universal y no debe reservarse sólo a las personas propietarias de automotores privados.
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Las ciudades sustentables del siglo XXI darán prioridad a las personas al integrar sistemas de transporte con programas de desarrollo urbano. Estos ocho principios muestran cómo el futuro de la movilidad dependerá de reforzar la naturaleza del transporte y el desarrollo urbano sustentables y equitativos. De cara a una rápida urbanización y a las consecuencias del cambio climático, el futuro del transporte urbano dependerá no sólo de estos principios, sino de cómo se complementan y trabajan en conjunto:
1 – Caminar
2 – Pedalear
3 – Conectar
4 – Transportar
5 – Mezclar
6 – Densificar
7 – Compactar
8 – Cambiar
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Iniciativa Climática de México (ICM) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) presentan un estudio que estima el costo social de las externalidades negativas del transporte terrestre para México y sus 20 zonas metropolitanas más pobladas.
En el ámbito del transporte, las externalidades se refieren a los impactos negativos generados por personas usuarias de ciertos modos de transporte, como el automóvil o la motocicleta, pero, que por su naturaleza, son padecidos por la sociedad en su conjunto. En el estudio, se analizan los costos sociales del transporte terrestre en cinco dimensiones principales: gases de efecto invernadero (GEI), contaminación del aire por material particulado (PM10 y PM2.5), congestión, siniestros de tránsito y ruido. El ITDP estima que el costo social de estas externalidades negativas suma entre 3 y 5% del producto interno del bruto (PIB) del país. También está disponible la infografía, que resume los hallazgos más destacados del estudio.